“Si las ocho propuestas mínimas sobre desarrollo rural no llevaran las firmas de los delegados de las FARC-EP, se podría pensar que fueron elaboradas por un funcionario de Naciones Unidas…. He observado con lupa los ocho mínimos que formulan las FARC sobre el tema agrario y no encontré una sola frase que se oponga al concepto de inversión o negocio privado.” (Yezid Arteta, revista Semana, 8 de febrero de 2013).
En La Habana trascurren calmadamente las negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP, entre el mutismo del gobierno sobre cualquier acuerdo logrado –aplicando el pacto de que nada está acordado hasta tanto todo esté acordado– y la emisión sistemática de propuestas y declaraciones por parte de la delegación de las FARC –que aprovechan al máximo la tribuna.
En Colombia, día a día, se desarrollan episodios de guerra que ponen a prueba la decisión gubernamental de negociar bajo fuego. Todos los episodios de los últimos meses (la tregua unilateral de las FARC durante dos meses y la negativa tajante y reiterada del gobierno a aceptar una tregua bilateral, la retención-secuestro de policías por parte de las FARC, los enfrentamientos militares casi continuos o la entrega voluntaria de guerrilleros y jefes militares) parecen demostrar que no será un incidente de “poca monta” el que ponga en riesgo las negociaciones.
La burguesía tiene capacidad de aguante y mantiene la ofensiva militar; las FARC, igualmente, tienen capacidad de aguante, pueden hacer algunas acciones demostrativas de su fuerza, así ello le genere un importante costo político. Entretanto, el gobierno, directamente por boca del Presidente, presionado por las condiciones de una época pre-electoral ya en curso y por una fuerte oposición los sectores más reaccionarios, exige resultados rápidos. Las FARC, acostumbradas a los caminos lentos de las trochas y senderos entre las selvas, consideran que un conflicto que ha durado décadas no puede resolverse en meses; apostándole a los frutos que la tribuna política de La Habana les brindan.
Vistas así las cosas, lo que merece ser analizado son las propuestas que trascienden de parte y parte, para ver por dónde va el agua al molino de un posible acuerdo. Aceptado por todas las partes, y reconocido por todos los analistas, el problema agrario del país en lo económico y social es el punto decisivo en torno al cual se puede tejer cualquier acuerdo que permita la integración de las FARC como mínimo a la actividad política legal y, muy probablemente, al régimen político, tal como sucedió con las organizaciones guerrilleras que negociaron en el pasado.
Ahora y antes
Las propuestas actuales de las FARC respecto a la propiedad de la tierra y al problema agrario configuran un programa esencialmente diferente a su programa anterior. Yezid Arteta, quien no puede ser tachado de parcialidad en contra de las FARC y conoce bien las formulaciones programáticas anteriores, sintetiza con absoluta claridad ese cambio al señalar “los puntos sobre desarrollo rural podrían ser de cualquier partido moderno de Europa.” No se refiere, por supuesto, a ningún partido revolucionario o anticapitalista de Europa. Se refiere a los partidos que, en Europa, en el gobierno o en la oposición, son los pilares de esos regímenes burgueses que aplican actualmente la más feroz ofensiva contra los derechos y condiciones de vida de los trabajadores de ese continente y, por esa vía, contra los trabajadores del mundo.
Hoy, en el nuevo programa agrario de las FARC, cuyo estudio recomendamos, se destacan formulaciones como la “Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo inadecuadamente explotado u ocioso”, la “prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra”, el “Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio… …[que] estimule usos agrícolas de la tierra que “desganadericen” las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria”.
En el pasado, las propuestas eran bien diferentes. En el artículo 2 de la Ley 001, de 1982, expedida por la Séptima Conferencia Nacional de las FARC, se señalaba: “Todas las propiedades o concepciones [sic] de compañías extranjeras, petroleras, mineras, bananeras, madereras, etc., quedan abolidas a partir de la sanción de la presente Ley y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP)”. Basta este punto para darse cuenta que las FARC han hecho un cambio radical.
Lo esencial del cambio programático de las FARC respecto a la propiedad de la tierra está en que sus propuestas actuales son plena, total y absolutamente compatibles con la estructura económica y social capitalista a nivel nacional e internacional. A diferencia de las anteriores, no suponen una revolución en este terreno. Suponen, cuando más, unas modificaciones importantes, significativas en algunos casos, pero no generan ni van en la perspectiva de dinamizar un choque con la sociedad capitalista actual. Buscan sólo mejorarla, transformarla para que funcione un poco mejor.
¿Acuerdo con los empresarios agrícolas?
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), es el gremio de los empresarios agrícolas; son, por tanto, uno de los sectores más interesados en el tema y en cuáles serían las bases de un posible acuerdo, pues los afectará directamente. El empresariado agrícola, a través de sus voceros de la SAC, ha respaldado abiertamente el proceso de negociaciones, manteniendo unos “inamovibles” similares a los del gobierno.
El presidente de la SAC, Rafael Mejía, en entrevista a Confidencial Colombia (http://confidencialcolombia.com/es/1/106/5047) divulgada el 5 de febrero afirma: “Lo importante es que hay una voluntad de sentarse a dialogar pero que hay unas reglas sobre lo que no se va a hablar: el modelo económico, la propiedad privada bien habida, el modelo de mercado.” A continuación, al señalarle el entrevistador: “Sin embargo las Farc hablan constantemente de cambios del modelo económico…”, responde: “Una cosa es lo que dicen en los comunicados y lo que hablan para el público, y otra cosa es lo que aparentemente hablan dentro del proceso de paz.”
Ya antes, refiriéndose a los temas del desarrollo agrario, el latifundio improductivo, la extranjerización de la tierra, había señalado: “Cuando las Farc dice que está en contra del latifundio improductivo, nosotros decimos “sí”, pero también combatiendo la microfundización para aprovechar mejor la tierra” concluyendo su razonamiento con “La posición de las Farc habla básicamente de lo que ha venido diciendo la SAC. Nosotros pretendemos mostrar que ha evolucionado el pensamiento tanto del gobierno como de la guerrilla, la Colombia de hoy no es la de hace 60 años. Necesitamos que el sector rural colombiano salga adelante para que las personas que viven en el campo también salgan adelante”.
De la democracia revolucionaria al reformismo radical
Es altamente improbable que las FARC obtengan, en la mesa de negociación de La Habana, una aceptación de la totalidad o una parte siquiera sustancial de su nuevo programa agrario. Algunos aspectos, específicos y bien delimitados son posibles y, coincidiendo con las SAC, diversas medidas, políticas y planes de modernización de la economía agraria que pueden llegar a beneficiar en mucho a diversas comunidades en sus zonas de influencia. Pero reformas radicales, sustanciales, son bastante improbables. Pero eso mismo, todo indica, no interesa a las mismas FARC. Su nuevo programa agrario está estructurado para convertirse en bandera política electoral que cohesione las zonas de influencia con que cuenta en sectores campesinos si se logra culminar exitosamente una negociación que les permita la actuación en la vida política legal.
Habremos asistido así, vía el proceso de negociación, a la transformación de una organización democrática revolucionaria que luchaba, armas en mano, tanto contra el régimen político existente como por un proceso de revolución agraria, en una organización reformista radical, posiblemente integrada al régimen político, que luchará, con discursos y proyectos de ley, por cambios y transformaciones más o menos radicales que no sean incompatibles con el concepto de “inversión o negocio privado” tal como señala Yezid Arteta. Si la negociación llega a culminar exitosamente, en las propuestas, poco o nada se lograrán diferenciar las FARC del Polo Democrático Alternativo del senador Jorge Robledo del MOIR y la liberal Clara López. Los programas de las FARC y del Polo no son incompatibles con el concepto de “inversión o negocio privado” pues para nada avanzan contra el meollo de la propiedad privada sobre los medios de producción, asunto sagrado e intocable para la burguesía y el imperialismo. Por ello las nuevas formulaciones programáticas de las FARC han sido señaladas por la burguesía agraria agrupada en la SAC como un avance muy positivo.