Contra el reaccionario patrioterismo asumamos una posición desde la clase obrera

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La deportación de más de 1.000 colombianos y el desplazamiento forzado de otros 7.000, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, junto con la declaratoria del estado de excepción en las poblaciones fronterizas con Colombia, así como la respuesta patriotera y reaccionaria de la burguesía y el gobierno colombiano, exigen un posicionamiento de las organizaciones obreras y revolucionarias, desde el punto de vista de la clase obrera.
Estamos en contra del desplazamiento forzado y la deportación que ejecute cualquier gobierno contra cualquier nacionalidad como lo viene haciendo Maduro. Estamos con los inmigrantes de África que buscan llegar a Europa desplazados por las guerras que ha desatado el imperialismo norteamericano y europeo, la miseria y hambre que estas generan; estamos con los inmigrantes latinos humillados y explotados en Estados Unidos, que con el chantaje de ser ilegales los sobreexplotan; con los cubanos y africanos que pasan por el territorio colombiano como tránsito a Estados Unidos y son detenidos, reprimidos y deportados. En fin, estamos con los inmigrantes perseguidos y humillados en cualquier región del planeta y contra el imperialismo y los gobiernos que los persiguen.
El gobierno de Maduro toma estas medidas en medio de una profunda crisis económica que ataca el nivel de vida de amplios sectores de trabajadores, con una inflación anual que puede llegar al 200%, una notable escasez de productos alimenticios, de higiene personal, entre otros y crecientes niveles delictivos y de inseguridad, sumado a la abrupta caída de su popularidad.
Maduro justifica la adopción de estas medidas con argumentos que si bien son ciertos no son responsabilidad de los colombianos pobres que hoy están siendo desplazados. El contrabando con el que se saquea a Venezuela con productos subsidiados por el Estado y la presencia de bandas paramilitares colombianas son fenómenos que existen y profundizan la crisis social venezolana, pero no son los fenómenos principales causantes de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, como intenta hacer creer el gobierno de Maduro, para actuar al peor estilo xenófobo de los imperialismos norteamericano y la Unión Europea, contra inmigrantes latinos y africanos.
El contrabando y el narcotráfico están regulados por poderosas mafias que cuentan con la participación de agentes estatales, miembros de las fuerzas armadas, policiales, Guardia Nacional y de inteligencia, del lado y lado de la frontera. Estos agentes no son perseguidos ni las mafias desmanteladas. Se culpa a los sectores más pobres y marginales que lo único que buscan es su sobrevivencia.
La aparición del terrateniente Uribe (gestor del paramilitarismo) en la frontera, megáfono en mano, o los discursos del presidente Santos no son más que demagogia barata. Los trabajadores y el pueblo tanto colombiano, así como venezolano, no podemos olvidar que esas familias que hoy son deportadas de Venezuela, antes habían sido empujadas a emigrar para huir de la pobreza, el desempleo y la violencia engendradas por los gobiernos de la burguesía colombiana como los de Uribe y el de Santos, que utilizaron el paramilitarismo para expulsar al campesinado pobre y apoderarse de sus tierras. Ellos son los responsables directos del desplazamiento de buena parte de los colombianos que han emigrado a Venezuela.
Estamos en contra de Maduro y la derecha venezolana así como estamos en contra de Santos y el uribismo. Todos ellos, como representantes de sectores de la burguesía, buscan oportunistamente con este conflicto, agitando el reaccionario nacionalismo, réditos electorales y pretenden utilizar a los trabajadores y pueblos de ambos países en las pugnas interburguesas que tienen a su interior en los dos Estados.
En el caso de Venezuela, nuestra posición va más allá del rechazo de las medidas adoptadas. Consideramos que, de uno y otro lado de la frontera, los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Nicolás Maduro no representan ni defienden los intereses de las amplias mayorías de trabajadores y oprimidos de ambos países, al contrario, las medidas de ajuste adoptadas por Maduro, la inflación y la escasez, la padecen, junto a sus hermanos de clase venezolanos, la enorme cantidad de trabajadores colombianos que se cuentan entre los más de cinco millones de ciudadanos de esa nacionalidad que residen en Venezuela. A ambos gobiernos, a pesar de sus diferencias, los señalamos como garantes de los intereses de sectores burgueses, “boliburgueses” y aliados de las transnacionales de variada índole y defensores de régimen de explotación capitalista.
Lo que explica este verdadero giro represivo, en parte, es la caída de la popularidad de Maduro a los niveles más bajos que ha tenido el chavismo en toda su historia. Las denuncias, los grandes “enemigos” y las conspiraciones, no pasan de montajes o shows mediáticos que luego de cumplir su “misión” son dejados de lado hasta un mejor momento y aparecen con otra denuncia. (Recuérdese del “Dakazo”, la firma del decreto de Obama, la pelea con Guyana…)
Pero el verdadero objetivo de toda esta política represiva va más allá. La crisis económica que por la inacción e incapacidad del gobierno se profundiza más y lo obligará a ahondar el actual ajuste en acuerdo con los empresarios de Fedecamaras y la Boliburguesía. Y ese ajuste incluirá golpear los derechos de los empleados estatales, mayor reducción de los gastos de las misiones, aumento del precio de la gasolina y los servicios, liberación de precios, aumento de impuestos, privatizaciones y reprivatizaciones, entre otras medidas. Fedecamaras, por ejemplo, ya está exigiendo la devolución de las empresas nacionalizadas a sus dueños, y la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), principalmente en lo que respecta a la inamovilidad laboral y la jornada de trabajo. Y todo esto garantizando los pagos de deuda externa e interna.
Habrá un ajuste que caerá sobre las espaldas de todos los trabajadores y sectores populares. ¿Y cuál será la respuesta de los trabajadores? Es probable que las luchas de resistencia contra los despidos, los ataques a los contratos y a los salarios, que hoy son dispersas, comiencen a crecer y entonces todo el aparato represivo que hoy prepara el terreno, mañana será desplegado contra las luchas. Es decir, el ataque a humildes pobladores fronterizos de nacionalidad colombiana, no es más que el ensayo para una generalización de la represión contra los trabajadores y el pueblo pobre en general, como ya se observa con la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), y para una mayor criminalización de la protesta social, laboral y popular.
Por lo anterior, la posición que debemos adoptar las organizaciones obreras y populares ante la crisis actual debe ser la más absoluta independencia de ambos gobiernos. Desde esta posición llamamos a las organizaciones obreras, sindicales, populares, de campesinos pobres, indígenas y democráticas de ambos países a levantar, ante ambos gobiernos, un conjunto de exigencias unificadas en las cuales se defiendan realmente los intereses de los pobladores pobres y desposeídos que debemos convivir a uno y otro lado de una artificial línea fronteriza, cuyo único papel es facilitar el dominio político, económico y social de las burguesías de ambos países y la explotación económica y opresión política sobre los trabajadores, los campesinos y la población en general.
En este sentido, proponemos una campaña común en ambos países, de las organizaciones obreras populares y democráticas por la hermandad colombo-venezolana, con absoluta independencia de ambos gobiernos y que desarrolle y aplique la más amplia solidaridad con los desplazados deportados y expulsados, y en favor de todas las víctimas de los dos gobiernos burgueses, el de Maduro y el de Santos, y que a la vez exija a todas las centrales sindicales que se pronuncien y actúen para poner fin al desplazamiento forzoso de nuestros hermanos colombianos. Además exigimos que se indemnice a los habitantes que ya fueron desplazados y sus casas destruidas.
Por otra parte son los propios vecinos y trabajadores de uno y otro lado de la frontera quienes saben de la existencia de los paramilitares, de los corruptos y contrabandistas. Son ellos auto-organizados con el apoyo de todas las organizaciones arriba señaladas quienes pueden empezar a acabar con estas mafias.
El comportamiento violento y reaccionario del gobierno de Maduro, deja claro ante los ojos de miles de trabajadores que confiaron en los gobiernos “alternativos” que pulularon en América Latina, que estos gobiernos emplean los mismos métodos y defienden los mismos intereses que los que han llamado “gobiernos de derecha”. De la misma forma que el Gobierno de Uribe (claramente de “derecha”) bombardeó un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano, hace algunos años, el gobierno “progresista” de Dilma Russeff y el PT de Brasil tiene desde hace más de una década tropas brasileras en el hermano país de Haití, haciendo parte de la Minustah, ejército de ocupación que sofoca las protestas del pueblo haitiano frente a la miseria ocasionada por las multinacionales imperialistas; o el de Bachelet en Chile, que viene penalizando y procesando cientos de estudiantes y maestros que luchan por el derecho a la educación pública.
Como organizaciones socialistas revolucionarias, señalamos ante los trabajadores y pueblo de Colombia y Venezuela que los únicos que podremos empezar a resolver de manera definitiva todos los problemas que nos afectan, especialmente los problemas fronterizos, de inseguridad, contrabando y paramilitarismo serán gobiernos socialistas y de los trabajadores, que comenzarían por proclamar una federación socialista entre los dos países, lo que posibilitaría hacer un plan común contra esos flagelos. Esto es imposible con gobiernos burgueses y capitalistas como los actuales.
Partido Socialista de los Trabajadores – Colombia (PST)
Unidad Socialista de los Trabajadores -Venezuela (UST)
Liga Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (LIT-CI)