Desde el pasado 11 de junio, más de 10 mil campesinos del Catatumbo, en el nororiente colombiano, se han movilizado por la suspensión de la erradicación de cultivos de coca, la constitución de las zonas de reserva campesina y el respeto a los derechos humanos en la región.
Lo que se expresa en el conflicto del Catatumbo y la fuerte represión estatal que ha dejado dos campesinos asesinados y más de treinta heridos es la apuesta del Gobierno de Santos de ‘consolidar’ áreas estratégicas para las llamadas locomotoras minero-energética y del agro, con más de 12 mil hectáreas de cultivo de palma y cacao y con intereses de explotación carbonífera en los territorios de la etnia barí.
Esta región transfronteriza entre Colombia y Venezuela, atravesada por el Río Catatumbo y por el oleoducto Caño Limón - Coveñas, ha sido azotada por el conflicto armado desde hace cuarenta años, fue allí donde las AUC y el Ejército asesinaron a medio centenar de campesinos en la Masacre de la Gabarra en 1996 y donde se han asentado frentes de las FARC, el ELN y el EPL.
Exigencias de los campesinos
Las organizaciones sociales y políticas del Catatumbo han levantado tres exigencias:
1. Suspensión de la erradicación manual de cultivos ilícitos que realizan contratistas bajo el mando de las Fuerzas Militares y un programa de subsidios para que las familias campesinas hagan la sustitución de cultivos.
2. Establecimiento de zonas de reserva campesina en la región con el fin de favorecer a las familias campesinas e impedir que la zona se convierta en un latifundio de las locomotoras del agro, para la producción de palma y cacao.
3. Garantizar el respeto a los derechos humanos, en esta región fue donde se perpetraron los “falsos positivos” de pobladores de Soacha por parte del Batallón Santander del Ejército de Colombia y donde militares y policías mantienen el control de una población, que ha tenido más de 40 masacres desde el año 2000, según ACNUR.
Varias de estas reivindicaciones han sido tratadas en la Mesa de Interlocución entre las Organizaciones Sociales y el Gobierno que se estableció en 2009, cuyo funcionamiento no ha garantizado la solución a los problemas de la población.
En el actual conflicto, el Gobierno ha anunciado los inicios de unos diálogos con la participación del General Rodolfo Tamayo del Ejército y del General Rodolfo Palomino de la Policía, a lo que las organizaciones del Catatumbo se han negado, pues según las leyes colombianas las Fuerzas Militares no son deliberantes y porque además estas instituciones son las responsables de los asesinatos y las mutilaciones que se han producido en este conflicto.
Solidaridad con el Catatumbo
El conflicto en el Catatumbo se genera en medio de las negociaciones del Gobierno y las FARC en La Habana, cuando se ha llegado al primer punto de acuerdo en la agenda. Es comprensible que la influencia social que tiene la insurgencia en esta región esté participando en estas movilizaciones pero las masivas protestas muestran el cansancio de la población de los abusos de las Fuerzas Militares y del conflicto que genera la implementación de las locomotoras minero-energéticas y del agro, que amenazan con arrasar al campesinado de la región a favor de las empresas que explotarán el carbón y los cultivos de palma y cacao.
Es necesario que las centrales obreras y las organizaciones sociales y políticas respaldemos la lucha de los campesinos del Catatumbo, entendiendo que el conflicto social no se negocia y que sólo a través de la movilización y la unificación de las luchas se pueden obtener las reivindicaciones, como lo muestra la reciente lucha de los trabajadores y estudiantes en Brasil y Turquía.