Las negociaciones de paz que adelantan en La Habana el gobierno colombiano y las FARC son, sin ninguna duda, el hecho político más importante de los últimos años y tendrán trascendencia enorme en la vida del conjunto de la población del país y de manera muy especial sobre la clase obrera, el campesinado pobre, las minorías indígenas y negras, los jóvenes; en síntesis, sobre todos los explotados y oprimidos de Colombia.
La clase obrera y sus organizaciones políticas y sindicales, como punto de referencia que son en relación con todos los sectores populares, están obligados a asumir una clara posición política frente a dichas negociaciones; posición que debe ser el resultado de una amplia y democrática discusión. El PST mediante esta declaración expresa su posición para contribuir a la discusión y definición de una postura de la clase obrera y los trabajadores y explotados en general.
Un justo sentimiento y deseo de vivir en paz
Colombia ha vivido más de 50 años de violencia ejercida, en lo fundamental, por el imperialismo norteamericano y la burguesía colombiana en todas sus expresiones políticas. Esto ha conducido a una guerra de aparatos político-militares: de un lado el de EE.UU, con sus bases militares y asesores, la burguesía y el Estado, y del otro la guerrilla en todas sus fracciones (FARC, ELN, M-19, EPL, etc.). El llamado paramilitarismo ha sido, y continúa siendo, expresión armada directa de sectores terratenientes y burgueses, con la aceptación y respaldo del Estado; convirtiéndose en una parte del régimen y garantía del dominio político y social ejercido durante décadas.
Las víctimas mortales de esta guerra sobrepasan el medio millón de muertos, en su inmensa mayoría pertenecientes a la clase obrera, al campesinado, a los indígenas y, en menor medida, a la “clase media” y a la burguesía. Es apenas natural que esta realidad haya generado un profundo sentimiento a favor de la paz entre los trabajadores y la población. Todos queremos vivir en paz; que cese el despojo a los campesinos, las masacres y amenazas a las organizaciones y dirigentes de los trabajadores y sectores populares. Cabalgando sobre este sentimiento justo es que el imperialismo norteamericano y el gobierno de Colombia, de una parte, y de otra el gobierno cubano y la dirección político-militar de las FARC han montado y desarrollado las negociaciones de paz en La Habana.
De acuerdo con los temas que componen la agenda y lo pactado hasta ahora, de completarse estas negociaciones y concretarse el acuerdo final, éste sería un acuerdo de características globalmente reaccionarias, es decir un acuerdo que irá en contravía de los intereses de la clase obrera, del campesinado pobre, de las minorías indígenas y negras, y en general de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Los planes de saqueo de los recursos por parte del imperialismo y las multinacionales se van a mantener e intensificar, igualmente las políticas del gobierno en relación a los salarios de hambre, desempleo, inestabilidad en el trabajo y represión a la lucha obrera y popular. Miles de luchadores obreros, campesinos y populares que durante más de 50 años ingresaron a la guerrilla y proclamaron estar contra el régimen político, económico y social colombiano y estar luchando por una sociedad más justa, que incluso en algunos momentos la llamaron “socialista”, estarían iniciando el proceso de integración al régimen y para convertirse en sus agentes y defensores. El espejo en el que se pueden mirar es El Salvador, Guatemala, y en el caso de Colombia el M-19 y el EPL, Petro, Navarro, Rosemberg Pabón, Don Berna (que fue del EPL), etc.
El por qué de las negociaciones
Todos los que nos ubicamos en el campo de la clase obrera, del campesinado pobre, de las minorías indígenas y negras, y en general en el campo de los explotados y oprimidos por el régimen capitalista y el imperialismo norteamericano, nos debemos preguntar ¿Por qué se están desarrollando estas negociaciones sobre la paz, por qué es altamente probable que se firmen los acuerdos y por qué tantos luchadores terminarán integrándose al régimen que durante tantos años han combatido?
Esto obedece a la combinación compleja de múltiples procesos sociales y políticos:
i) Una decisión del imperialismo norteamericano, que a su vez hace parte del proceso de negociación que, desde hace varios años vienen adelantando con el Partido Comunista de Cuba y el gobierno cubano, presididos por Fidel y Raúl Castro. Desde luego que también están inscritas estas negociaciones en la política formulada por la Iglesia representada por el Papa Francisco. Esta negociación está determinada, en lo fundamental, por el hecho de que una vez restaurado el capitalismo en Cuba, como en efecto ha sucedido, no se justifica económica y políticamente mantener el bloqueo económico, rotas las relaciones diplomáticas, perturbadas las relaciones comerciales, mientras otros sectores del imperialismo y el capitalismo mundial, como Europa y China, avanzan en la recolonización de Cuba.
ii) El gobierno cubano, como parte de esta negociación, con un vivo interés por los nuevos negocios que pueden llegar y como “demostración” de su real compromiso con la paz y la estabilidad del continente, muy seguramente habrá presionado a la dirección de las FARC a través de muy diversos medios para que entrara en la negociación, convirtiéndose en factor decisivo del éxito final del proceso.
iii) El actual gobierno venezolano, que desde sus inicios con Chávez y ahora con Maduro ha sido orientado por el Partido Comunista de Cuba y el gobierno de Fidel y Raúl Castro, también ha estado interesado en que la guerrilla colombiana se desmovilice y negocie con el gobierno. No olvidemos que fue Chávez el que estableció el primer contacto del ELN con el gobierno de Juan Manuel Santos. Esto lo hacen porque consideran más importantes sus relaciones comerciales y negocios capitalistas que un supuesto respaldo o colaboración con las guerrillas colombianas, así éstas sigan proclamado su apoyo al gobierno venezolano.
iv) La decisión de la burguesía colombiana –los ricos, empresarios, terratenientes, banqueros y oligarcas-- representada por el gobierno de Juan Manuel Santos, con el apoyo, desde luego, del imperialismo norteamericano, de iniciar las negociaciones con las FARC y buscar su integración al régimen. Los acuerdos facilitarían la explotación económica de las multinacionales y de todas las fracciones de la burguesía colombiana de importantes zonas en donde la guerrilla tiene presencia y obstaculiza y “encarece” esas actividades. Pero además esas negociones les rendirán importantísimos réditos políticos. A una burguesía sanguinaria, que ha mantenido el régimen burgués a sangre y fuego durante décadas, los acuerdos le permiten mostrarse ante el mundo como muy democrática, tolerante y pacífica. A esto contribuyeron, en su momento, a principios de 1990, el M-19, el EPL y otros grupos guerrilleros. La burguesía colombiana no está totalmente unificada en la política para la negociación de la paz con las FARC. El sector de la burguesía representado por el uribismo y el procurador, aunque están por la negociación, plantean otra política y condiciones y han formulado reiteradas críticas al proceso de negociación en curso.
v) Finalmente, está el hecho de la profunda derrota política y el importante debilitamiento militar que en las últimas décadas han sufrido las FARC; en particular, después del fracaso de las negociaciones del Caguán. La derrota de las FARC se debe, en lo fundamental, a sus métodos y acciones contrarias a las del movimiento obrero y alejadas del movimiento de masas; con un carácter de terrorismo individual muchas de ellas, lo cual ha llevado a que una amplia y significativa masa de la población directamente repudie su accionar y, otra parte, le retire su apoyo o simpatía.
Si se articulan todos los factores anteriores salta a la vista que, de conjunto, lo que se está construyendo en La Habana es un acuerdo reaccionario, no progresivo, entre los intereses del imperialismo, el gobierno cubano, un sector de la burguesía y de la burocracia representada por el gobierno venezolano, el gobierno colombiano, con el apoyo del conjunto de la burguesía y los gobiernos latinoamericanos y del mundo, de un lado. Del otro, una guerrilla que, si bien en sus inicios reflejó la lucha por la tierra y la resistencia campesina contra un régimen político profundamente reaccionario como el colombiano y que en algunos momentos llegó a ganar influencia en sectores importantes del movimiento de masas, con sus tácticas, métodos y políticas equivocadas, con altos grados de degeneración política, al convertir la lucha guerrillera de resistencia en una guerra de aparatos y por el control de importantes negocios capitalistas (como ciertos niveles del narcotráfico), se encuentra globalmente aislada de la masa de la población trabajadora y pobre del país. Por ello esos acuerdos de culminarse y suscribirse no son progresivos; globalmente no traerán nada bueno al pueblo colombiano, más allá de la terminación del enfrentamiento armado. La explotación, represión y opresión continuarán igual y peor que antes mientras el gobierno esté en manos de los explotadores.
La desmovilización, ¿al servicio de qué?
Desde su fundación hace 38 años, el PST en su periódico El Socialista, en sus revistas, por todos los medios de expresión a su disposición, siempre le expresamos a todo el movimiento guerrillero colombiano, incluidas las FARC, que su política, su método y su accionar guerrillero era ajeno y opuesto al programa, el método y la política del movimiento obrero y de masas, que sus acciones terroristas lo perjudicaban, impedían la construcción de fuertes sindicatos, organizaciones campesinas y partidos de la clase obrera. Que la lucha contra el imperialismo, el capitalismo, el represivo régimen político colombiano y los gobiernos liberales y conservadores, pasaba por el movimiento de masas de los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los jóvenes, etc. Que todo el accionar de las guerrillas las conduciría al fracaso político y militar, y lo más grave, al desperdicio, desprestigio y sacrificio inútil de toda una generación de luchadores obreros y populares. En la práctica lo que siempre les dijimos fue: abandonen la lucha guerrillera y vengan a luchar junto al movimiento de masas, ayuden y acompañen a la clase obrera, al campesinado y a los sectores populares en su proceso de organización y lucha política. No la obstaculicen.
Por eso hoy, cuando han planteado desmovilizarse como movimiento guerrillero nosotros defendemos el derecho que tienen de hacerlo. Lo que rechazamos es que esa desmovilización se traduzca en acuerdos políticos reaccionarios con el imperialismo, la burguesía y el gobierno colombiano y el abandono del viejo programa de la FARC, a pesar de no compartirlo. Acuerdos en los que se busca no la solución a las reivindicaciones campesinas y populares por las que siempre dijeron que luchaban, sino ventajas, concesiones y privilegios para los comandantes y para una capa reducidísima de guerrilleros de los mandos superiores y medios. Además, acuerdos que necesariamente los conducen a integrarse al régimen y a ayudarlo a sostener; convirtiéndose en sus agentes desde sus puestos y posiciones parlamentarias, burocráticas y posiblemente gubernamentales, como ha sucedido con diversas guerrillas en Colombia y en otros países.
La desmovilización, para que tuviera algo de bueno, debería conducir a la continuidad de la lucha por los intereses de los trabajadores, campesinos y sectores populares y, no a la obtención de ventajas para unos pocos y a la integración al establecimiento burgués. Lo único que se tendría que exigir y tratar de acordar con el imperialismo y la burguesía serían las garantías para la desmovilización y su derecho a integrarse a la lucha obrera, campesina y popular. Sin olvidar, ni por un segundo, que el imperialismo norteamericano y la burguesía colombiana son fuerzas esencialmente contrarrevolucionarias y profundamente anti-democráticos. El primero ha acudido cotidianamente a las invasiones de muchos países, las masacres y la tortura para defender sus privilegios como imperio. La segunda ha mantenido a sangre y fuego una democracia de papel en Colombia, utilizando la represión cotidiana de todas las luchas y protestas, acudiendo a métodos no muy distintos a los utilizados por los nazis como el genocidio, las masacres, etc. La única garantía en este campo no son los papeles firmados, sino el fortalecimiento del movimiento de masas y de todos los sectores en conflicto.
Las víctimas y la reparación
Las víctimas de todas las expresiones de la violencia en Colombia (oficial, paramilitar, narcotraficante, guerrillera, etc.) supera los cinco millones de personas. Las víctimas pertenecen a muy variados sectores sociales. Dentro de ellos hay burgueses, terratenientes, altos burócratas del Estado, pequeñoburgueses y, en su inmensa mayoría, campesinos pobres y trabajadores. Esta realidad, por su tamaño y naturaleza, es uno de los más complejos y delicados problemas; punto neurálgico de la propia negociación entre el gobierno y las FARC.
Desde el punto de vista democrático todas las víctimas deben ser reconocidas y reparadas moral y económicamente. La comandancia de la FARC, sin vacilaciones de ninguna índole, debería reconocer que han causado víctimas y que se comprometen a repararlas. Para empezar tendría que decir que todos los bienes y dineros habidos mediante la acción guerrillera se destinarán a reparar a sus víctimas, especialmente a las de sectores campesinos, indígenas y populares; pero al mismo tiempo exigir que las víctimas de la violencia estatal, paraestatal, narcotraficante y de la corrupción, que son muchas más que las de la guerrilla, sean plenamente reparadas. De manera especial exigir la reparación plena de la clase obrera, los campesinos y las comunidades indígenas, entre otras.
Justicia o impunidad
En íntima relación con el problema de las víctimas está el relacionado con la llamada justicia transicional. Con el telón de fondo de las negociaciones de la paz, aprovechando el sentimiento justo de la población sobre la necesidad de la paz y en medio de la búsqueda por parte de la dirección de la FARC de las mejores condiciones para su desmovilización, de seguir como hasta ahora se está negociando, se formalizaría, con la complicidad de los comandantes de la guerrilla el más grande acto de impunidad dentro del cual podrían quedar amparados los paramilitares, los militares y los narcotraficantes, así como los políticos burgueses, los empresarios y las multinacionales que orientaron y pagaron a los primeros, para ejecutar genocidios, masacres y actos de barbarie de todo tipo.
Ese es el sentido que tiene la posición expresada por César Gaviria, neoliberal reconocido y uno de los principales victimarios, conjuntamente con Álvaro Uribe Vélez, de la clase obrera y de la población, con la coautoría de las leyes 50 de 1990, 100 de 1993, las privatizaciones y muchas medidas más contra los trabajadores. Lo que el señor Gaviria ha dicho en relación con la justicia transicional es más o menos lo siguiente: como todos han delinquido, burgueses, terratenientes, militares, narcotraficantes, corruptos, guerrilleros, etc., entonces acordemos entre todos la impunidad general. Los dirigentes de la guerrilla no se deberían prestar para esta infamia colectiva, pues les sería muy difícil escapar del único calificativo posible: traición. Todavía están a tiempo de evitarlo.
Los comandantes de la guerrilla tendrían que empezar por reconocer que en el desarrollo de sus actividades realizaron actos castigables, y que están dispuestos, como parte de la reparación de las víctimas, a asumir un castigo. Pero que no están dispuestos a someterse a la justicia del Estado capitalista colombiano, a la que nosotros tampoco reconocemos como legítima, justicia moralmente descompuesta, corrupta, decadente, injusta y parcializada, a la que ni siquiera algunos presuntos delincuentes de la propia burguesía le reconocen autoridad para juzgarlos. Que están dispuestos a someterse a la justicia desarmada de las comunidades indígenas, fortalecida y complementada con integrantes intachables de la clase obrera y del movimiento campesino, para que sean ellos los que determinen el castigo. Que todos los bienes, tierras y dineros recaudados mediante la acción guerrillera se destinarán a la reparación material de las víctimas y que las dietas o sueldos parlamentarios que llegasen a ganar durante los próximos 10 años, de ser elegidos a cargos de representación política, descontando sólo un salario mínimo de subsistencia, que no debería ser superior a cuatro salarios mínimos legales vigentes, serán destinados a igual objetivo. Que ningún guerrillero de base debe ser castigado por su militancia en la guerrilla. Por el contrario deben recibir todas las condiciones para que regresen al seno de sus familias, la clase obrera, del campesinado, de las comunidades indígenas o de la juventud, de donde no debieron salir como salieron.
La entrega o dejación de las armas, ¿qué hacer con ellas?
Uno de los problemas que falta por discutir en La Habana es el de las armas. En el lenguaje de los negociadores se habla de dejación de las armas o de su entrega. La desmovilización como guerrilla implica dejar de utilizar las armas como medio para obtener sus objetivos. Entregarle las armas al régimen, que está armado y además sostenido y apoyado por los Estados Unidos, y que las va a utilizar para reprimir a los trabajadores, los campesinos, los indígenas e incluso a los propios ex guerrilleros que se coloquen del lado de los luchadores populares, sería igualmente una traición. ¿Qué hacer con ellas, entonces? Es casi seguro que el imperialismo y el gobierno colombiano propondrán que se les entreguen como representantes que son del orden burgués capitalista. Es posible que otros propongan, recogiendo experiencias de otros países y de Colombia, que se fundan para hacer con ellas un monumento a la paz, que se arrojen al fondo del mar, etc. Hasta ahora no tenemos conocimiento que los comandantes guerrilleros hayan manifestado que se niegan rotundamente a entregarlas, utilizando en cambio la fórmula de “dejación” de las armas. Nosotros proponemos que la dirección de las FARC exija que, como parte de las negociaciones, todo el armamento sea relacionado técnicamente, legalizado por parte de organismos internacionales y gobiernos garantes de la propia negociación y, una vez legalizado, la dirección de la FARC se las done y entregue al Estado Palestino, que es un estado legalmente reconocido, para ayudarle a fortalecer su defensa contra su agresor cotidiano, el Estado sionista de Israel, de la misma manera como Estados Unidos le da armas a éste y a todos sus amigos en el mundo.
Por una Constituyente plena, democrática y soberana
Es evidente que en Colombia se necesitan transformaciones profundas y totales de la estructura económica-social y política. Los partidos burgueses y los reformistas no van a acaudillar estos procesos; sólo una revolución de clara orientación socialista, acaudillada por la clase obrera y su organización política, y con la más amplia democracia directa para las masas trabajadoras, campesinas, indígenas, etc., podrá lograr que esas transformaciones se hagan.
La burguesía colombiana, todos los días y a cada minuto, ratifica su carácter reaccionario y antidemocrático. Ante la bancarrota de la justicia, ahora puesta de presente por la Corte Constitucional, algunos sectores del establecimiento preocupados por el debilitamiento de la justicia burguesa, propusieron revocar el mandato a los magistrados y convocar una Constituyente. El Presidente Santos salió de inmediato a decir que ni revocatoria ni constituyente. El expedirá unos cuantos decretos que no resolverán nada de fondo, pero sí servirán para lavarle la cara a la enlodada justicia y salvar el establecimiento. La burguesía colombiana es tan reaccionaria que es enemiga hasta de los propios mecanismos formalmente democráticos que ella misma consagró en la Constitución de 1991.
Los trabajadores, los campesinos pobres, la juventud, las minorías negras, las mujeres, los miembros de las comunidades LGBTI y todos los ofendidos y humillados de este país debemos exigir como mínimo que se convoque una Constituyente plena, democrática y soberana, con fundamento en el Artículo 376 de la Constitución Política, a la que pueda ser elegido cualquier ciudadano mayor de 18 años, sin restricciones.
Dicha Constituyente debería discutir y adoptar decisiones sobre los grandes problemas del país, que la burguesía ha sido y será incapaz de resolver. Para que cambie radicalmente la orientación económica que implica la entrega incondicional de todas las riquezas del país al imperialismo y las multinacionales, debería ocuparse de la nacionalización de los recursos naturales, acabar con la corrupción generalizada e imparable, resolver la crisis de la justicia, decretar y ejecutar una reforma agraria democrática que le entregue tierra al campesinado pobre, resolver los problemas de la vivienda, equilibrar los impuestos para que recaigan sobre los más ricos y no contra los sectores más pobres de la población, los problemas de la educación, de la salud, aprobar un estatuto del trabajo que restablezca todos los derechos que le han sido arrebatados a los trabajadores en los últimos 25 años de neoliberalismo, garantizar los derechos democráticos de organización, movilización, huelga y expresión que todos los días son desconocidos por el gobierno. Así mismo para que discuta y decida si aprueba o no los acuerdos de paz suscritos con la FARC.
Los derechos políticos para otras organizaciones
Nuestro partido se ubica en el campo, el programa, los principios y la política del movimiento obrero y de las víctimas de la violencia, igual que todas las organizaciones sociales, populares y democráticas y exige reparación política amplia y suficiente pues también hemos sido víctimas de la violencia y del régimen antidemocrático imperante. Por eso exigimos, no sólo para nosotros sino para todos los partidos y grupos minoritarios, que las leyes antidemocráticas que nos dejan por fuera de las más mínimas garantías democráticas sean inmediatamente derogadas: amplias condiciones para el ejercicio de la actividad política, derecho a presentación de candidatos a todo cargo de elección popular, derecho de acceso a medios de comunicación y financiación estatal. Una de las expresiones de la democracia no es repartirse el poder entre los que lo tienen sino darle plenas garantías a las minorías y a los que están por fuera de él.
Ante el Frente por la Paz, por un Frente de Lucha
Desde cuando empezaron las negociaciones del gobierno colombiano con los comandantes político-militares de las FARC en La Habana, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, el Partido Comunista, en lo fundamental, con el apoyo de la dirección de las FARC han implementado la política de un Frente Amplio por la Paz; al cual se integraron sectores del Polo Democrática como los de Iván Cepeda y Clara López y el Movimiento Progresista de Petro. Tal política llevó a que, en el campo electoral, a que todos ellos votaran y llamaran a los trabajadores a votar por la reelección de Santos.
Frente a esta política de concertación, de conciliación y contraria a los intereses de conjunto de la clase obrera, el campesinado pobre y las masas populares, nosotros llamamos a conformar un Frente de Lucha contra el gobierno de Santos y su guerra social, contra el imperialismo y sus multinacionales que saquean las riquezas del país y sobre-explotan a la clase obrera y todos los trabajadores. Porque mientras el gobierno de Santos, que es incondicional del imperialismo norteamericano, siga entregando los recursos naturales y las riquezas del país a las multinacionales y siga reprimiendo al movimiento de masas y las luchas de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y los indígenas, y lo va a seguir haciendo, no habrá solución de fondo a los problemas reales de los trabajadores, los campesinos pobres y y sectores populares y no habrá verdadera paz.
Son dos políticas diametralmente opuestas. La primera lleva agua al molino de la burguesía, la segunda la lleva al molino de las luchas obreras y populares. Esto explica por qué nosotros no llamamos participar en la movilización del 9 de abril y, por el contrario, llamemos a coordinar y profundizar la movilización y la lucha directa contra el régimen y su gobierno.
Por un programa unitario para la lucha la movilización
Llamamos a las organizaciones sindicales, populares, democráticas a que, en forma independiente del gobierno y de la guerrilla, levantemos un programa de exigencias y un plan de lucha para conquistarlo; denunciando claramente que en La Habana ni la guerrilla ni el gobierno tienen autoridad ni potestad para pactar acuerdos que aten y amarren a las organizaciones obreras y populares, las cuales deben continuar su lucha independientemente.
En lugar del frente amplio por la paz que es una política de capitulación, de conciliación y colaboración de clase, que conduce al movimiento obrero y de masas a ponerse al servicio del régimen en nombre de una anhelada paz, levantamos la consigna de un frente de lucha contra el imperialismo, el gobierno burgués de Juan Manuel Santos y los capitalistas.
Contra el plan económico, social y político del gobierno de Santos, concretado en el Plan de Desarrollo
Contra la entrega de los recursos naturales a las multinacionales del imperialismo
Por verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y de manera especial para las del movimiento obrero, campesino, indígena y popular.
Por reparación a la clase obrera por sus más de tres mil activistas y dirigentes asesinados. Que se derogue toda la legislación que desde 1990 les quitó a los trabajadores la estabilidad en el trabajo y la mayoría de derechos conquistados en décadas de lucha.
Por plenas libertades democráticas para organizarse, movilizarse y luchar, y derecho a la participación política y electoral para todas las fuerzas políticas.
Por una Asamblea Constituyente, democrática y soberana, que discuta y decida sobre los graves problemas del país.
Finalmente expresamos que todo lo afirmado en esta declaración política sobre las negociaciones del gobierno con los comandantes de la FARC podría decirse, en términos generales, de una posible negociación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el EPL con el gobierno y el imperialismo norteamericano.