Manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá en apoyo al paro campesino.
Durante el mes de julio y agosto una serie de conflictos campesinos, mineros y sindicales se han desarrollado, enfrentando una violenta represión por parte del gobierno de Santos. También se dio inicio a la huelga en la transnacional minera Drummond. Desde el 19 de agosto campesinos pobres, y pequeños y medianos empresarios agrícolas, participan en un paro agrario que ha venido fortaleciéndose y extendiéndose a diversas regiones, ganando la simpatía de la población urbana en general.
En varias poblaciones afectadas directamente por el paro agrario se han producido verdaderas sublevaciones populares. La fuerza de la movilización ha obligado al propio Presidente Juan Manuel Santos a presentar excusas públicamente y a llamar a negociar a los dirigentes del paro, tratando de dividirlos y debilitar así la movilización de protesta, que empieza a multiplicar sus ecos con los llamados “cacerolazos” convocados por activistas de las redes sociales impulsados por la indignación que ha producido la represión contra las justas luchas campesinas, como sucedió en Turquía y Brasil hace unos meses, aunque no con la masividad que se presentó en esos países.
Al paro agrario se sumó un sector de los transportadores de carga, mientras los trabajadores de la salud han suspendido parte de las actividades en algunos centros hospitalarios. En la Universidad Nacional, sede Bogotá, los trabajadores se vieron obligados a iniciar de nuevo una Asamblea Permanente para exigir el cumplimiento de acuerdos. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, ha impulsado una jornada de movilización nacional para el 29 de agosto, a la que se ha sumado la Central Unitaria de Trabajadores. Por su parte la Junta Nacional de la Fecode ha definido la realización de un paro de 72 horas a partir del 10 de septiembre.
En cada uno de estos conflictos se manifiesta la profunda crisis social que afecta al país y en particular a los asalariados y a los pobres, como expresión de la crisis económica internacional. Es la consecuencia del proceso del empobrecimiento general de la población por la desindustrialización del país, el saqueo de la economía a manos de las transnacionales, la privatización de los servicios públicos, pero, sobre todo, por la precarización laboral en la que se encuentra la mayoría de los trabajadores.
Lo que Juan Manuel Santos, al cumplir tres años en la presidencia, ha presentado como indicadores positivos no es más que los buenos balances para los grandes empresarios, sobre todo del sector financiero. La avalancha de dólares de los inversionistas extranjeros lograda en los años recientes, y volcada sobre todo hacia la gran minería y la agroindustria, es una aspiradora de la riqueza nacional al servicio de paliar la crisis que afecta al capitalismo mundial. Y el gobierno pretende seguir adelante con sus planes como lo demostró a sangre y fuego en el conflicto del Catatumbo, con el asesinato de cuatro campesinos a manos de la policía, en la represión contra los mineros tradicionales, a quienes señala ahora como criminales y el tratamiento de guerra que viene dándole al paro agrario. La brutalidad de la policía y el ejército, y la continuidad en la actuación de los paramilitares, caracterizan a este régimen autoritario.
La intransigencia patronal en los conflictos sindicales y la profundización de las contrarreformas al sector público, son parte del mismo plan. Por eso todos los trabajadores públicos y privados, el campesinado pobre, los indígenas, la juventud sin futuro y los sectores populares, tenemos la necesidad imperiosa de unificar nuestras luchas para enfrentar al gobierno. Las jornadas de lucha de julio y agosto son la mejor prueba de ello.
¡Todos al Encuentro Nacional de Unidad Popular!
Haciendo eco de los conflictos en curso, el Comité Ejecutivo de la CUT ha tomado la iniciativa de tratar de reactivar el Comando Nacional Unitario, en el que participan todas las centrales sindicales, y a la Coordinadora de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia, en la que tienen asiento también la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y el Polo Democrático Alternativo, movimientos sociales y políticos que se han abanderado del paro agrario, junto con las llamadas “Dignidades” del sector cafetero, papero, panelero, cacaotero, etc.
A la convocatoria de la Coordinadora han acudido algunos de los sectores en lucha, incluidos pequeños propietarios arruinados por los Tratados de Libre Comercio, comunidades sin vivienda, desplazados por la violencia y organizaciones sociales que enfrentan los grandes planes mineroenergéticos que están devastando el medio ambiente en diversas zonas del país. El intento de coordinación aún es frágil pues hay intereses encontrados entre quienes urgen la confrontación abierta y decidida con el gobierno hasta hacerlo retroceder en sus planes y quienes quieren subordinar las luchas a la agenda de la negociación entre la guerrilla y el gobierno o preparar sus acuerdos electorales hacia 2014.
No obstante eso es necesario y urgente propiciar todos los espacios de unidad de acción que podamos construir los trabajadores y los pobres. Así lo evidencia la reciente amenaza de muerte contra muchos dirigentes sindicales y populares –entre ellos los dirigentes del Polo Democrático Alternativo– por parte del grupo paramilitar Los Rastrojos, y la ola de detenciones y judicializaciones contra quienes participan en las protestas actuales. Un caso significativo es la detención de Huber Ballesteros, miembro del Comité Ejecutivo de la CUT y dirigente de Fensuagro, en medio del paro agrario, acusado de tener vínculos con las FARC.
En la agenda acordada en la Coordinadora, además del impulso de la jornada del 19 de agosto, estaba previsto realizar el 31 de agosto y el 1 de septiembre un Encuentro Nacional de Unidad Popular en Bogotá, donde se podrían evaluar las jornadas de lucha adelantadas, analizar la situación política nacional, el avance de los planes del gobierno y aprobar un plan de acción para lo que resta del segundo semestre del año –en particular el fortalecimiento de las acciones previstas para el mes de octubre por parte de las comunidades indígenas y el sector universitario– y una respuesta efectiva para la defensa de la vida y la integridad de los amenazados, y de los detenidos en medio de las movilizaciones. La convocatoria de Fecode para el 10 de septiembre es otro punto de referencia para la unidad de acción de los sectores en conflicto.
Esta unidad de acción es urgente, pues muchos conflictos sindicales y populares evolucionan de manera aislada, y en el Encuentro se podría avanzar en la definición de un Pliego Único de los sectores en lucha y la fecha de un Paro Nacional para respaldarlo, a pesar de la improvisación de la convocatoria y la falta de preparación del mismo. En este momento en que el paro agrario tiende a extenderse, radicalizarse y fortalecerse, coincidiendo con el inicio de la movilización del sector educativo y el conflicto de la salud, el Encuentro Nacional de Unidad Popular nos brinda la oportunidad de unirnos en la acción contra el gobierno de Santos. Es por eso que debemos empeñar nuestras fuerzas, desde las bases sindicales, estudiantiles y populares en concretarlo con una participación lo más amplia y representativa posible, para que él pueda adoptar las orientaciones de coordinación y unificación de las luchas que el momento impone.
Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia
Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional