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Durante el mes de julio una serie de conflictos campesinos, mineros y sindicales, se desarrollaron enfrentando una violenta represión por parte del gobierno de Santos. El más importante fue el bloqueo campesino a la región del Catatumbo durante más de mes y medio. También se dio inicio a la huelga en la transnacional minera Drummond. Para el 19 de agosto pequeños y medianos empresarios agrícolas del sector del café y el cacao anunciaron el inicio de un paro agrario. A él se sumarían transportadores de carga, mientras el sector salud, según la dirigencia de Anthoc, iniciaría un paro indefinido. La Fecode, por su parte, anunció su solidaridad con la jornada del 19 de agosto.
En cada uno de estos conflictos se manifiesta la profunda crisis social que afecta al país y en particular a los asalariados y a los pobres. Es la consecuencia del proceso de empobrecimiento general por la desindustrialización del país, el saqueo de la economía a manos de las transnacionales, la privatización de los servicios públicos, pero, sobre todo, por la precarización laboral en la que se encuentra la mayoría de los trabajadores.
Lo que Juan Manuel Santos, al cumplir tres años en la presidencia, ha presentado como indicadores positivos no es más que los buenos balances para los grandes empresarios, sobre todo del sector financiero. La avalancha de dólares de los inversionistas extranjeros lograda en los años recientes, y volcada sobre todo hacia la gran minería y la agroindustria, es una aspiradora de la riqueza nacional al servicio de paliar la crisis que afecta al capitalismo mundial.
Ese plan económico y sus nefastas consecuencias sociales es lo que aparece como un obstáculo formidable en las negociaciones con las FARC. La creación de las Zonas de Reserva Campesina choca con el plan de entrega sin límites de la mayor parte del territorio nacional a la voracidad de las transnacionales mineras y agroindustriales. Y el gobierno está dispuesto a imponerlo a sangre y fuego como lo demostró en el Catatumbo y en la represión contra los mineros tradicionales, a quienes señala ahora como criminales. La brutalidad de la policía y el ejército y la continuidad en la actuación de los paramilitares caracterizan a este régimen autoritario.
La intransigencia patronal en los conflictos sindicales y la profundización de las contrarreformas al sector público, son parte del mismo plan. Por eso todos los trabajadores públicos y privados, el campesinado pobre, los indígenas, la juventud sin futuro y los sectores populares, tenemos la necesidad imperiosa de unificar nuestros conflictos para enfrentar al gobierno. Las jornadas de lucha de julio y agosto son la mejor prueba de ello.