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El 29 de agosto en el marco del paro agrario y la movilización de la MANE, las calles bogotanas se llenaron de personas que marcharon en apoyo a los campesinos desafiando los mejores pronósticos del 2013. Las movilizaciones terminaron en un estallido de disturbios, enfrentamientos con el ESMAD en la plaza de Bolívar, Soacha, Cuidad Bolívar, Kennedy, Suba y Engativá, daños a Transmilenio, saqueos a almacenes que fueron ferozmente reprimidas con gases lacrimógenos y bolillos que llevaron a la muerte de dos muchachos. Mientras tanto, y durante la protesta agraria, se vieron por redes sociales y medios de comunicación los desmanes de la policía atacando brutalmente a campesinos en las vías y hasta en sus casas.
Al día siguiente se levantaron los bloqueos y Bogotá amaneció militarizada; todo ambientado por un discurso de Santos que amenazaba con 50 mil hombres a todo aquel que se atreviera a protestar y calificando a los manifestantes de terroristas infiltrados. Los partidos de izquierda denunciaban que los destrozos fueron causados por el ESMAD. Paradójicamente quien asumió la responsabilidad política por la represión oficial en Bogotá fue el alcalde de “izquierda” Gustavo Petro.
Todo esto requiere un análisis más serio: no todos los que participaron en los tropeles eran “policía de civil” o “infiltrados de la guerrilla”; en Colombia eso es explicable, lo mismo que la participación de la delincuencia común; pero el grueso de las protestas estuvo protagonizado por jóvenes bogotanos de verdad, que vieron en los tropeles la oportunidad de canalizar su ira y descontento ante la falta de proyecto de vida, de posibilidades de estudio o de trabajo dignos y ante la incapacidad de la misma izquierda por organizar y canalizar toda su energía creadora. Cientos de jóvenes hicieron una demostración de fuerza e hicieron evaidente un deseo no canalizado de transformar la realidad. Ignorarlos o estigmatizarlos solo los aisla y los empuja a la delincuencia, o justifica la represión oficial contra ellos.
En ese contexto el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, radicó un proyecto de ley mediante el cual “se dictan medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo” con una serie de medidas para “evitar los desmanes en las manifestaciones”, con lo cual busca hacer encajar a los manifestantes en varios delitos, es decir, la criminalización de la protesta y la criminalización de la juventud. A esto se suma un reforzamiento del ESMAD, señalado por los jóvenes como un escuadrón de asesinos, en contravía de las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos. Estos proyectos vienen acompañados de un discurso sobre la juventud y los estudiantes, que cataloga las expresiones propias de los jóvenes como el grafiti, la música, la vestimenta, las organizaciones y subculturas que son transgresoras como actos vandálicos y delincuenciales de un montón de “vagos pandilleros” y por qué no de “guerrilleros infiltrados”. Este discurso no es de ahora ni es local, desde el mayo francés los gobernantes burgueses han temido y detestado la fuerza renovadora y crítica de la juventud, en particular la de los estudiantes, críticos entre los críticos y rebeldes por vocación.
Debemos defender el derecho a la protesta social y la libre expresión de los jóvenes y estudiantes, exijamos oportunidades de estudio y empleo para los jóvenes de la clase obrera y luchemos porque se organicen en defensa de sus derechos y que se sumen al conjunto de las luchas obreras y populares para erradicar la causa de todos los males: la sociedad capitalista.
¡No a la criminalización de la protesta social!
¡No a la estigmatización y al señalamiento de la juventud!
¡Educación gratuita y empleo digno para los jóvenes de estratos populares!
¡Desmonte inmediato del ESMAD!