A contrapelo de las pomposas declaraciones de la Ministra de Educación Gina Parody, informando sobre los supuestos éxitos de sus planes de reforma de la educación superior, 2016 se ha iniciado en medio de la crisis de los claustros universitarios.
Mencionemos algunos ejemplos de la catástrofe en curso: A raíz de un paro realizado por los estudiantes y profesores, quienes rechazaban la reforma inconsulta y arbitraria del examen de admisión, el segundo semestre lectivo de 2015 fue cancelado en la Universidad de Antioquia suspendiendo ilegalmente el contrato de 3.000 profesores mal llamados de “cátedra” (son el 80% de los docentes de la entidad), sometidos a las ignominiosas condiciones de los contratos temporales, dejándolos sin sustento a ellos y sus familias.
La Universidad del Tolima, por su parte, se encuentra literalmente en quiebra y desde hace dos meses no se pagan los salarios a los docentes y empleados administrativos. El primer semestre de 2016 está en vilo por la falta de recursos, mientras la Asociación Sindical de Profesores Universitarios exige la renuncia del rector por su incompetencia manifiesta.
En la Universidad de Córdoba, reconocida como víctima y objeto de reparación por la intervención abierta del paramilitarismo en la pasada década en el gobierno de la institución, la rectoría continúa en manos de los turbios poderes locales, a pesar de las valientes denuncias que han difundido integrantes de la comunidad.
De otro lado, la reforma de las licenciaturas promovida por Mineducación, y rechazada por las Facultades de Educación, donde se forma a las futuras generaciones de maestros y maestras, obligará a los estudiantes y profesores de varias universidades, empezando por la Pedagógica Nacional y la Distrital de Bogotá, a retomar el camino de la movilización de protesta.
Otras universidades públicas están amenazadas por la falta de recursos presupuestales, problema que se puede agravar con la reforma tributaria anunciada por el gobierno de Santos en la que se incluye el CREE o “impuesto a la riqueza”, del que provenían recursos frescos para inversión, más allá de las limitaciones que impuso la Ley 30 que congeló los presupuestos presionando a las universidades a la autofinanciación. Esta actividad se ha convertido en un verdadero cáncer que asfixia a las administraciones y propicia la corrupción, mientras se le exige a las instituciones ampliar cobertura y mejorar la calidad.
La actual crisis devela el verdadero objetivo de programas demagógicos como “Ser Pilo Paga”: desfinanciar la oferta y subsidiar la demanda, en beneficio de los empresarios privados de la educación, nacionales y extranjeros.
Es contra este desmantelamiento de la educación superior pública que debemos unir las voluntades de los estamentos universitarios, en la preparación de un paro nacional universitario, que sirva de catalizador de la inconformidad general y se sume a la lucha de otros sectores sociales en la perspectiva del Paro Cívico Nacional.